Servidores públicos están obligados a no proporcionar datos personales de usuarios: Ombudsman
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, emitió la recomendación 09/2016 dirigida a la Fiscalía General del Estado, por el empleo indebido de información de la víctima de un delito.
Los acontecimientos tuvieron lugar en abril de 2015, cuando una persona de sexo femenino fue víctima de robo por un menor de edad, motivo por el cual éste fue dispuesto a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada para Adolescentes para iniciar la carpeta de investigación correspondiente; fue en esta instancia en particular donde un servidor público proporcionó de manera indebida los datos personales de la víctima (teléfono y dirección) a los padres del menor, poniendo en riesgo la integridad personal de la afectada.
Esta acción contraviene lo dispuesto por las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales, pues los servidores públicos no pueden disponer de estos datos que han sido recabados en la institución que se desempeña, sin consentimiento de las partes, puesto que se puede hacer un uso indebido de esa información.
Ante los hechos, la Comisión de los Derechos Humanos recomendó a la Fiscalía General del Estado iniciar un procedimiento administrativo en contra del servidor público que proporcionó los datos; ofrecer una disculpa pública a la agraviada; impartir capacitación y formación en materia de derechos humanos y protección de datos personales al personal de la fiscalía; la reparación material de los daños causados a la agraviada, así como implementar controles más estrictos en el manejo y resguardo de las Carpetas de Investigación, y en lo particular, en la protección de información confidencial.
Sosa Guillén manifestó que es importante que todas aquellas personas que se desempeñen en el servicio público estén informados sobre estas disposiciones en materia de protección de datos personales, para que no hagan un uso indebido de la base de datos de las personas que han acudido a las instituciones públicas para algún trámite o programa, pues las leyes en la materia sancionan severamente esta acción, que inclusive se castiga con la cárcel.
La recomendación ya fue debidamente notificada y se está en espera de su aceptación.
