La secretaria de la Contraloría del Estado, Reina Arceo Rosado, ha advertido que los servidores públicos del Gobierno de Quintana Roo tienen la obligación de presentar su Declaración Patrimonial antes del 31 de mayo. En caso de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones económicas e incluso despidos.
La medida afecta a alrededor de 43 mil burócratas estatales que deben cumplir con la obligatoriedad de presentar su declaración. La única excepción es en caso de cuestiones justificadas de salud, en las que podrían gozar de una prórroga.
La Declaración Patrimonial se divide en tres modalidades: al inicio, la modificación anual, y al término del desempeño de sus funciones, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La Contraloría del Estado de Quintana Roo ya está trabajando con líderes sindicales y titulares de las diversas dependencias, organismos y entidades públicas del Gobierno del Estado para impartir capacitación al personal sobre cómo presentar la Declaración Patrimonial, con el objetivo de que no haya excusas para caer en omisiones.
Es importante recordar que la presentación de la Declaración Patrimonial es un deber ético y legal que busca garantizar la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, es fundamental que todos los servidores públicos cumplan con esta obligación en el plazo establecido.
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