El observatorio legislativo de Quintana Roo, un organismo conformado por cámaras empresariales, colegios profesionales y asociaciones civiles que vigila el trabajo de los diputados en el congreso local, expresó su rechazo a la nueva ley de movilidad que se aprobó el pasado 20 de abril en el pleno legislativo.
La nueva ley de movilidad tiene como objetivo regular el transporte público y privado en el estado, así como promover la movilidad sustentable, la seguridad vial y el acceso universal a los servicios de transporte. Sin embargo, el observatorio legislativo considera que la ley tiene varios aspectos negativos, como:
- La creación de un Instituto Municipal de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito en cada municipio, que implicaría un mayor gasto público y una duplicidad de funciones con las autoridades estatales.
- La falta de participación ciudadana y de consulta a los sectores involucrados en el proceso de elaboración y aprobación de la ley.
- La ausencia de una política digital que permita la modernización y la transparencia en el sistema de transporte.
- La falta de claridad en los criterios para otorgar las concesiones y permisos a los prestadores de servicios de transporte.
El observatorio legislativo exhortó a los diputados a reconsiderar la ley y a abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil para mejorarla. Asimismo, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar la ley por considerar que viola los derechos humanos y las garantías individuales de los quintanarroenses.
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