Quintana Roo lidera la estadística de violencia de pareja, manteniéndose en el primer lugar por tercer mes consecutivo, según revela un informe sobre llamadas de emergencia al 911. En el primer cuatrimestre del presente año, se registraron alarmantes 7,771 solicitudes de auxilio por violencia de pareja en el estado.
La comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, María Fabiola Alanís Sámano, ha señalado recientemente que no existen condiciones para levantar las alertas en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel, ya que no se garantiza un entorno libre de violencia.
El desglose del informe muestra que en enero se reportaron 2,191 solicitudes de auxilio, mientras que en febrero y marzo se registraron 1,493 y 2,015 respectivamente. En abril, se presentaron 1,772 casos. Además, de estas solicitudes, 109 fueron por abuso sexual, 65 por violación y 29 por acoso.
Cuando se consideran las cifras por cada 100,000 habitantes, Quintana Roo ocupa el primer lugar a nivel nacional, superando significativamente a estados como Baja California y Aguascalientes en términos de violencia de pareja.
En el año 2022, se reportaron un total de 23,961 casos de violencia de pareja en Quintana Roo, lo que posicionó al estado en el primer lugar desde abril hasta diciembre.
Es importante destacar que, aunque algunos casos de violencia de pareja son perpetrados por mujeres hacia hombres, el temor a la estigmatización impide que estos casos salgan a la luz de manera abierta y sean contabilizados en mayor medida.
Si bien la responsabilidad de sancionar a los agresores recae en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y en la Fiscalía General del Estado (FGE), se percibe una falta de acción por parte de organismos como el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), el Instituto de la Juventud (IQJ), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de la Defensa de la Niña, Niño y Adolescente, quienes deberían estar trabajando de manera conjunta para abordar esta problemática de manera integral y enfocándose en la prevención, ya que simplemente imponer penas más severas no es la solución definitiva.
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