Chetumal, México. La seguridad social debería ser un derecho inalienable de todo ciudadano, una red de apoyo que asegura una atención médica digna y eficiente. Sin embargo, lo que nos relata la denuncia recibida en nuestra redacción es un ejemplo palpable de una realidad aterradora que deja mucho que desear respecto a la eficacia y humanidad en la atención médica del IMSS en Chetumal.
Desde el pasado 4 de septiembre, una mujer de 76 años ha permanecido hospitalizada por una fractura de cadera. Lo que ha seguido es un vía crucis de desinformación, negligencia y falta de sensibilidad por parte del personal médico y administrativo del hospital.
Las familias mexicanas confían en que las instituciones de salud actuarán con prontitud y transparencia. Pero, ¿qué sucede cuando esas instituciones faltan a ese compromiso? ¿Qué ocurre cuando la incertidumbre y los engaños se interponen en el camino de la sanación?
La paciente, que necesitaba una intervención quirúrgica inmediata, ha sido víctima de una serie de contratiempos y desinformación. Un traumatólogo que sólo ha acudido a verla en dos ocasiones en más de dos semanas; una cirugía programada que nunca se llevó a cabo porque, según el coordinador en turno, «el material no había sido esterilizado»; y la última excusa: que el traumatólogo no ha solicitado el material quirúrgico. Cada versión contradice a la anterior y ninguna resuelve el problema de fondo.
Las respuestas del personal administrativo han sido enrevesadas, y la subdirectora del hospital se contradice al afirmar que la culpa es del proveedor que no ha surtido el material necesario. Ante esta maraña de desinformación, la familia de la paciente se encuentra en un estado de incertidumbre angustiante.
La vida de una persona está en juego y, más allá de eso, la confianza en una institución que debería ser pilar en la atención de la salud en México. No es solo un caso aislado, sino un síntoma de un sistema en crisis que requiere una intervención inmediata, transparente y ética.
Es imperativo que las autoridades pertinentes investiguen y resuelvan no solo este caso, sino también la cadena de fallas administrativas y médicas que lo han permitido. No podemos permitir que la desesperación y la falta de esperanza sean el diagnóstico de los pacientes que acuden a nuestras instituciones de salud.
Por respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas mayores y al bienestar de todos los mexicanos, este caso no puede quedar en el olvido. Es una llamada de atención para reflexionar sobre el estado de nuestro sistema de salud y actuar en consecuencia.
Comunicadores Urbanos
