El diputado Hugo Alday Nieto presentó un punto de acuerdo para que la XVII Legislatura realice un respetuoso llamado al Senado para concluir el proceso de elección de la magistratura vacante del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), misma que se encuentra acéfala desde el 9 de diciembre de 2022.
La vacante en cuestión se originó hace diez meses, cuando concluyó el encargo de Víctor Vivas Vivas como Magistrado del TEQROO, cuyo nombramiento se otorgó desde diciembre de 2015.
La importancia de atender esta situación radica en el cumplimiento del artículo 116 fracción IV numeral 5 de la Constitución General de la República, que establece la responsabilidad del Senado de la República en la designación de magistrados electorales locales, señala el exhorto.
Cabe destacar que, el 8 de febrero de 2023, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República publicó una Convocatoria Pública para ocupar las Magistraturas de Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de 17 Entidades Federativas de la República. En este contexto, el Senado de la República, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, estableció el procedimiento aplicable para la designación de magistrados en los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral de diversas entidades, incluyendo Quintana Roo.
En su comparecencia ante la XVII Legislatura, el magistrado presidente del TEQROO, Sergio Avilés Demeneghi, reconoció que el proceso de elección de la magistratura vacante lleva diez meses sin resolución y no ha recibido la continuidad necesaria.
Incluso, Avilés Demenegui fue duramente cuestionado por diputados de la XVII Legislatura, al considerar que se tomó atribuciones que no le corresponden, al nombrar como Magistrada suplente a Mahogany Acopa Contreras, quien antes de esta designación se desempeñaba como secretaria General de Acuerdos del TEQROO.
Hugo Alday manifestó que este hecho subraya la urgente necesidad de contar con un órgano jurisdiccional en materia electoral debidamente integrado, en cumplimiento del artículo 17 de la Constitución, que garantiza el derecho a la administración de justicia. Además, esta resolución se torna aún más apremiante en vista de las elecciones programadas para el año 2024.
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