Cancún, uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel mundial, enfrenta un panorama inquietante. Los datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) reflejan que en 2024 el Aeropuerto Internacional de Cancún experimentó una caída del 6.7% en la llegada de pasajeros internacionales, una cifra que no puede pasar desapercibida.

La inseguridad, ese espectro que persigue a México desde hace años, parece haber alcanzado uno de sus puntos más críticos. En septiembre pasado, Estados Unidos calificó a 30 de los 32 estados mexicanos como peligrosos para sus ciudadanos, incluyendo Quintana Roo, y salvando solo a Campeche y Yucatán. Estas advertencias, lejos de ser ignoradas, impactan directamente en la percepción internacional del país.

El turismo no es solo una actividad económica, es un acto de confianza. Los turistas no solo buscan experiencias, buscan seguridad, y cuando las noticias de incidentes violentos llegan a primeras planas internacionales, ese sentimiento se resquebraja.

Cancún, que en años anteriores lideraba con crecimiento constante, hoy enfrenta el desafío de revertir una narrativa que aleja a los viajeros. Las cifras no son una simple coincidencia: mientras Quintana Roo sufre, destinos como Mérida, con una imagen de tranquilidad, registraron un incremento del 1.4% en su flujo de pasajeros.

El caso de Quintana Roo es un reflejo de una crisis nacional. Según la ENVIPE del INEGI, en 2023 se reportaron 21.9 millones de víctimas de delitos mayores de edad, un incremento del 1.6% respecto al año anterior. Esta estadística no solo afecta a los residentes, sino también a la reputación del país como destino.

Los números de la AFAC muestran una realidad que duele: los aeropuertos de Ciudad de México, Tijuana y Guanajuato también reportaron descensos. Aunque no son caídas catastróficas, sí son señales de alerta.

El turismo, especialmente en Quintana Roo, ha sido durante años un motor económico clave para México. Sin embargo, las caídas recientes en la llegada de pasajeros son una prueba de que el modelo no es infalible. No se trata únicamente de aumentar las inversiones en promoción turística; se trata de resolver los problemas que afectan la vida diaria de millones de mexicanos.

La inseguridad no es un problema exclusivo de los turistas, pero su efecto en la industria pone un foco adicional sobre un tema que los gobiernos han intentado maquillar. Si México quiere mantener su liderazgo como destino turístico, no puede seguir apostando a que la belleza de sus playas compense la falta de seguridad en sus calles.

La caída en la llegada de turistas no es irreversible, pero sí es una advertencia que no puede ser ignorada. Cancún y Quintana Roo necesitan recuperar la confianza internacional, no solo con campañas de promoción, sino con acciones concretas que garanticen la seguridad de quienes los visitan y de quienes los habitan.

El turismo no puede ser una moneda de cambio a merced de la percepción internacional. Es tiempo de que México, y particularmente Quintana Roo, tome decisiones firmes para devolverle a sus destinos turísticos la estabilidad que necesitan. Porque si algo queda claro es que la belleza natural no basta para compensar la incertidumbre, y el país no puede permitirse seguir perdiendo terreno en un sector que es vital para su desarrollo económico.

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El INEGI ha dado a conocer las cifras preliminares de mortalidad para el primer semestre de 2024, y los resultados son alarmantes. Con 417 mil defunciones registradas, un aumento del 3.1% respecto al mismo periodo de 2023, el panorama de salud y seguridad en el país deja mucho que desear. Más allá de los números, estas cifras revelan fallas profundas en los sistemas de salud, seguridad y bienestar que afectan a millones de mexicanos.

Las enfermedades del corazón encabezan la lista de causas de muerte con 100,401 casos, consolidándose como el principal problema de salud pública en México. Este dato no es solo una cuestión médica, sino social. La falta de acceso a servicios preventivos, tratamientos adecuados y una alimentación balanceada agravan una situación que podría evitarse con políticas públicas más efectivas.

Le siguen la diabetes mellitus y los tumores malignos, enfermedades que reflejan no solo carencias en el sistema de salud también económicas que enfrentan los mexicanos. Estas condiciones no solo afectan a quienes las padecen, sino también a sus familias, que a menudo deben cargar con los costos económicos y emocionales de un sistema insuficiente.

Entre las causas de muerte, los homicidios ocupan el octavo lugar, con 15,243 casos en solo seis meses. Este dato debería alarmarnos a todos, ya que revela no solo el alcance de la violencia en el país, sino también la falta de estrategias efectivas para contenerla.

El uso de armas de fuego sigue siendo el método más común en estos crímenes, destacando la urgencia de abordar el tráfico de armas y la impunidad que facilita su proliferación. La violencia no solo destruye vidas; desgarra comunidades y perpetúa un ciclo de inseguridad que parece no tener fin.

Quintana Roo, también enfrenta una dura realidad. Con una tasa de mortalidad de 371 por cada 100 mil habitantes.

Aunque es un motor económico gracias al turismo, Quintana Roo enfrenta retos importantes en infraestructura médica y seguridad pública. La desconexión entre el desarrollo turístico y las necesidades de sus habitantes muestra que la riqueza generada no siempre se traduce en bienestar social.

Los datos del INEGI no pueden quedarse en un archivo más. Son un diagnóstico que exige acción inmediata. El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, tiene la responsabilidad de implementar políticas que no solo ataquen los síntomas, sino también las raíces de estas problemáticas.

La prevención debe ser la prioridad, ya sea en salud o en seguridad. Se necesitan campañas de educación, acceso a servicios médicos de calidad, control del tráfico de armas y oportunidades para los jóvenes. No es suficiente reaccionar; hay que anticiparse a los problemas antes de que se conviertan en tragedias.

El informe del INEGI es un recordatorio de que el bienestar de un país no se mide solo en términos económicos o de desarrollo. La verdadera fortaleza de una nación está en su capacidad para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de su gente.

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Los números que el INEGI ha puesto sobre la mesa no solo revelan una tragedia nacional, sino también nuestra incapacidad colectiva para enfrentarla. 15 mil 243 homicidios en el primer semestre de 2024 no son simples cifras, son gritos silenciados por las balas, que representan el 73% de estas muertes. Ese porcentaje habla de un país donde las armas no solo son protagonistas de crímenes, sino testigos de nuestra indiferencia.

Las estadísticas no mienten: 21.2 hombres por cada 100 mil habitantes fueron asesinados, mientras que en las mujeres la cifra baja a 2.6. A simple vista, parecería que ellas están más seguras, pero la realidad es más compleja. Las mujeres no solo enfrentan la violencia homicida; también sufren feminicidios, agresiones sexuales y desapariciones que muchas veces ni siquiera llegan a formar parte de estos números. La violencia contra ellas tiene raíces más profundas, ancladas en un sistema que perpetúa el machismo y la desigualdad.

Los hombres, por otro lado, son víctimas de una cultura que glorifica la fuerza y el poder a través de las armas. Ambos rostros de la violencia son síntomas de una misma enfermedad: un tejido social desgarrado que aún no sabemos cómo coser.

Claudia Sheinbaum asumió la presidencia con una promesa de transformación, pero su gobierno enfrenta un reto mayúsculo: demostrar que el cambio no es solo discurso. La ligera disminución en la tasa de homicidios, de 12.4 en 2023 a 11.7 en 2024, no puede ser motivo de complacencia. La violencia sigue siendo una realidad que define a México, y cada vida perdida es un recordatorio de lo que aún no se ha hecho.

Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de ser más que una figura histórica; puede convertirse en el rostro del cambio que México necesita. Pero eso requerirá enfrentar temas que han sido ignorados por décadas: el control del tráfico de armas, la creación de oportunidades reales en comunidades vulnerables y la inversión en educación, salud mental y espacios seguros.

El INEGI no solo nos entrega cifras, nos pone frente a un espejo que no queremos mirar. La violencia no es un fenómeno aislado, es el resultado de años de abandono, desigualdad y políticas que atacan los síntomas, pero no las causas.

No basta con enviar más patrullas ni reforzar las leyes. Necesitamos una estrategia que apueste por la prevención, que dé alternativas a los jóvenes antes de que caigan en las redes del crimen organizado. Necesitamos un gobierno que entienda que la violencia no comienza con una bala, sino con la falta de oportunidades.

Cada homicidio es un fracaso colectivo, una vida que no supimos proteger. Pero detrás de cada cifra también hay una oportunidad: la de reaccionar, de transformar el dolor en acción y de exigir que la justicia y la seguridad sean derechos reales, no privilegios.

En este México donde las armas imponen su ley, no podemos permitir que las balas definan nuestro futuro. La verdadera transformación comenzará cuando dejemos de aceptar la violencia como algo inevitable y exijamos un país donde las vidas no sean estadísticas, sino historias que sigan escribiéndose.

El México de hoy es un país que necesita menos discursos y más acciones, menos pretextos y más valentía. La pregunta no es si se puede cambiar, sino si estamos dispuestos a hacerlo.

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