La XVII legislatura de Quintana Roo no ha podido avanzar en las modificaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, que son urgentes ante la creciente violencia e inseguridad que vive el estado. Los temas pendientes son los escoltas, la jubilación de los policías y la protección civil.
Así lo reconoció la diputada local Mildred Ávila, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos en el Congreso local. Según la legisladora morenista, las reformas en seguridad pública no han sido atendidas debido a que los demás diputados han presentado “muchas” iniciativas que requieren seguir el curso legislativo.
Entre las iniciativas que están en espera se encuentra la presentada en noviembre pasado por un grupo de agentes de la Policía Quintana Roo y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se puedan jubilar a los 25 años de servicio. La diputada Ávila dijo que esta propuesta ya había sido presentada en legislaturas anteriores, pero no se le dio seguimiento.
Otro tema que está entrampado es el de los escoltas, que según la diputada “a veces son necesarias para la seguridad y protección de las personas”, pero es necesario reorientar la presencia de quienes hoy fungen como escoltas a las áreas prioritarias del estado. Sin embargo, esta iniciativa aún no ha entrado en análisis.
La diputada Ávila lamentó que las reformas en seguridad pública no se hayan concretado, pese al llamado ciudadano y empresarial de un cambio de fondo en la estrategia que se sigue en la actualidad en Quintana Roo. La legisladora dijo que seguirá insistiendo para que se aprueben las modificaciones a la Secretaría de Seguridad Pública, al capítulo referente a los escoltas y de la jubilación de los elementos policiales, así como otras en materia de protección civil.
Quintana Roo es uno de los estados más afectados por la violencia e inseguridad en México. Según el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado registró 1.003 homicidios dolosos entre enero y noviembre de 2021, lo que representa una tasa de 46.9 por cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional de 26.8.
Además, Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en extorsión, con una tasa de 23.4 casos por cada 100 mil habitantes, y el segundo lugar en feminicidio, con una tasa de 2.6 casos por cada 100 mil mujeres.
Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública en Quintana Roo, así como de mejorar las condiciones laborales y profesionales de los policías y demás elementos que arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.
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