La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica: ha declarado inconstitucional el decreto que le daba control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La mayoría de los ministros argumentó que este decreto viola el principio de civilidad establecido en la Constitución.
En otras palabras, la militarización de la Guardia Nacional no cumple con los requisitos legales y constitucionales necesarios para garantizar la seguridad pública en México. El pleno de la SCJN, por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, decidió invalidar diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que otorgan facultades operativas y administrativas a la Sedena sobre el cuerpo de seguridad.
Los ministros que votaron a favor de la invalidez argumentaron que el decreto impugnado contraviene el artículo 21 constitucional, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y que debe realizarse con respeto a los derechos humanos y bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Asimismo, señalaron que el decreto vulnera el artículo 129 constitucional, que dispone que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Los ministros que votaron en contra de la invalidez fueron Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN; Yasmín Esquivel Mossa y Luis María Aguilar Morales. Ellos defendieron el decreto impugnado al sostener que no se trata de una militarización de la Guardia Nacional, sino de una colaboración entre instituciones para garantizar la seguridad pública.
El decreto impugnado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2020 y fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, fue impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por diversos partidos políticos.
La resolución de la SCJN tendrá efectos retroactivos al día siguiente de la publicación del decreto impugnado, por lo que se deberán restituir las cosas al estado anterior y se deberán resolver las consecuencias jurídicas derivadas del mismo.
Es importante recordar que la Guardia Nacional fue creada en 2019 con el objetivo de combatir la violencia y la inseguridad en el país. Sin embargo, desde su inicio ha estado integrada mayoritariamente por elementos militares y ha sido apoyada por las Fuerzas Armadas en sus operaciones. Esta decisión de la SCJN marca un importante precedente para el futuro de la seguridad pública en México.
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