Después de más de una semana de bloquear la vía corta Chetumal-Mérida, los ejidatarios de Graciano Sánchez y Manuel Ávila Camacho decidieron levantar su protesta tras recibir la promesa de un nuevo avalúo de sus tierras, que fueron expropiadas hace más de 50 años para la construcción de la carretera.
Los manifestantes exigían una indemnización justa por el uso de sus predios, que suman más de 22 hectáreas, y que no habían sido pagados por el Gobierno de México.
Según los ejidatarios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a liquidarles desde el 3 de mayo del 2021, pero sólo se cumplió con los ejidos de Tihosuco y Tepich, que también reclamaban por la expropiación de sus tierras para la carretera que comunica a la Zona Maya con Valladolid, Yucatán.
Los ejidatarios habían iniciado el bloqueo desde las 05:00 horas del miércoles 3 de mayo del 2023, y lo mantuvieron hasta el jueves 11 de mayo del mismo año, permitiendo el paso cada hora a cambio de una cuota de 100 pesos.
Durante ese tiempo, se presentaron elementos de la Policía Quintana Roo y de la Guardia Nacional de Carreteras, así como el Presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, para intentar dialogar con los inconformes, pero no hubo respuesta positiva.
Finalmente, el día jueves se logró un acuerdo con las autoridades federales, encabezadas por el coordinador de Delegaciones Federales, Arturo Abreu Marín, quien se comprometió a realizar un nuevo avalúo de las tierras y a pagarles lo que corresponda según el valor actual.
Los ejidatarios aceptaron levantar el bloqueo y esperar a que se cumpla la promesa en un plazo no mayor a 15 días.
El bloqueo carretero causó molestias y retrasos a los automovilistas que transitaban por la vía corta Chetumal-Mérida, que es una de las principales rutas comerciales y turísticas entre Quintana Roo y Yucatán.
Los usuarios pidieron a las autoridades atender estos reclamos sociales que afectan la movilidad y la economía de la región.
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