Rosaura, madre de un joven que le fue detectado un tumor cancerígeno, no tuvo apoyo como derechohabiente del IMSS, por lo que buscó ante otras instancias de gobierno, ayuda para reunir 60 mil pesos para la operación urgente de su hijo en una clínica privada.
La desesperada mujer acudió al Congreso de Quintana Roo, donde le manifestaron que solo podría recibir apoyo del diputado de su distrito, es decir, que solo podía depositar su esperanza en uno de los 25 diputados de la XVII Legislatura. El diputado correspondiente al distrito de Chetumal no se encontraba en el Palacio Legislativo y simplemente le sugirieron que se fuera a pedir ayuda a otra parte.
La mujer fue ante la Beneficencia Pública del Gobierno de Quintana Roo y tampoco le dieron resultados, por lo que optó como una de sus últimas posibilidades hacer una transmisión en vivo en redes sociales, donde con lágrimas en los ojos pedía el apoyo de las autoridades de salud y a las personas de la sociedad que estuvieran en posibilidades de “echarle la mano”.
Al término de la transmisión, fue contactada por personas de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, quienes le manifestaron que habían realizado las gestiones para que el propio IMSS le diera celeridad a su caso, de lo contrario, le aseguraron que ellos lo asumirían. Entonces le pidieron que tuviera la confianza de que su hijo sería intervenido sin tener que gastar en una clínica privada.
Pasaron los días y después de una semana de hacerle dar vueltas, el resultado fue nulo, pues las citas para estudios y la posible operación tendrían que esperar meses en el IMSS, y la Secretaría de Salud, que encabeza Flavio Carlos Rosado, incumplió su promesa de hacerse cargo en caso de que no prosperara la atención en el Seguro Social.
A final de cuentas, ciudadanos solidarios, sin necesidad de dar a conocer sus nombres, contactaron a la madre y le apoyaron económicamente para cubrir el monto total de la operación de su hijo. Este caso, solo es una muestra de lo que pueden vivir diariamente los ciudadanos, quienes requieren de los servicios de salud en Quintana Roo.
LAS DEFICIENCIAS TAMBIEN APLICAN EN LA DIRECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS
El sector salud no solo enfrenta retos en la atención de los pacientes, sino también en la vigilancia sanitaria. La COFEPRIS en la entidad muestra deficiencias que quedaron en evidencia el pasado 7 de agosto, cuando su homóloga federal, realizó el Operativo Albatros que derivó en la suspensión de más de 20 farmacias en el estado de Quintana Roo.
En el operativo conjunto con la Secretaría de la Marina (Semar), se aseguró medicamento caducado y de detectó que se comercializaban medicamentos controlados sin receta e incluso medicamentos con fentanilo.
Mientras tanto, el subdirector Rubén Carrillo Ocman, permanece desde la administración de Carlos Joaquín González con un historial laboral de sobornos y corrupción en el área. Y es que, auditorías realizadas han encontrado que los verificadores sanitarios no cuentan con el nivel académico ni cuentan con el perfil para realizar su labor. Es necesario recordar que, en plena pandemia, la COFEPRIS fue el epicentro de un escándalo internacional de corrupción, ya que había otorgado licencias a laboratorios que realizaban pruebas rápidas de COVID-19, por lo cual turistas argentinos con pruebas apócrifas negativas llegaron infectados del virus a su país procedentes de Quintana Roo.
Entonces, la actual administración estatal tiene la gran tarea de priorizar en el sector salud, la falta de tacto y de recursos para atender casos como el de la señora Rosaura, así como la nula vigilancia sanitaria y los señalamientos de corrupción, siendo COFEPRIS un foco rojo.
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