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En la sombra de la justicia: la Fiscalía de Quintana Roo

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El papel que juega una Fiscalía en cualquier entidad es fundamental para la estructura del Estado de Derecho, pero lo que nos presenta el Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, va más allá de un mero informe técnico o administrativo. Nos muestra un espejo de la debilidad institucional, de la imperante necesidad de cambios profundos en una entidad que clama por justicia.

334 mil expedientes en rezago. Sí, leyó usted bien. Cada uno de esos expedientes representa historias, vidas y esperanza de justicia que hoy duermen en algún rincón, sumidos en el olvido. Raciel López no solamente desnuda este atraso, sino que, con una honestidad poco usual en la función pública, reconoce que ese número también es sinónimo de impunidad.

El escenario se agrava cuando, aun con un presupuesto que supera los 900 millones de pesos, un 75% se destina únicamente a nóminas. El clamor por 300 millones adicionales para el próximo año, más que una petición, es un SOS de una entidad que necesita herramientas para funcionar.

Pero más allá de las cifras, hay un dato que estremece: el descubrimiento de malas prácticas y desvíos de la legalidad dentro de la propia institución, y, quizá lo más indignante, empleados operando desde lo que solían ser celdas. ¿Cómo se puede buscar justicia en un lugar que, en sí mismo, se convierte en una jaula de irregularidades?

A pesar del sombrío panorama, no todo es desesperanza. Raciel López, con su reciente entrada, ha mostrado iniciativas de cambio, combatiendo bandas violentas y dando golpes a extorsionadores. No obstante, queda claro que solo la asignación de más recursos no es la solución. Es un primer paso, pero el camino hacia una verdadera justicia es largo y requiere de una transformación estructural y cultural.

Así, mientras Quintana Roo espera con ansias el proyecto del presupuesto 2024, es vital recordar que más allá de los números, la verdadera tarea es restaurar la confianza, la esperanza y, sobre todo, la justicia que los ciudadanos merecen. Porque, como bien lo señala López: «Sin seguridad y sin justicia no hay desarrollo». Y añadiría, sin justicia no hay paz.

Comunicadores Urbanos

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