En un acto de represalia sin precedentes, el líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado la ejecución de al menos 30 funcionarios de alto rango, acusándolos de corrupción y negligencia en la gestión de las devastadoras inundaciones que azotaron la provincia de Jagang este verano. Las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra resultaron en la muerte de entre 4,000 y 5,000 personas y dejaron a más de 15,000 desplazados.
Las ejecuciones, que se llevaron a cabo a finales de agosto, fueron públicas y se realizaron como una medida ejemplar para subrayar la gravedad de las acciones de los funcionarios. Según informes de medios surcoreanos, los funcionarios fueron acusados de no haber tomado las medidas necesarias para prevenir el desastre, lo que exacerbó la tragedia.
El régimen de Kim Jong-un ha sido conocido por su estricta política de castigos severos, pero esta serie de ejecuciones marca un nuevo nivel de dureza. La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) informó que Kim había ordenado un «castigo estricto» para aquellos que no cumplieron con sus responsabilidades, destacando la corrupción y la negligencia como las principales causas del desastre.
A pesar de la gravedad de la situación, Kim rechazó la ayuda internacional y ordenó que aproximadamente 15,000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital para recibir asistencia. La reconstrucción de las áreas afectadas se estima que tomará de dos a tres meses.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por las ejecuciones y la falta de transparencia en el manejo de la crisis. Sin embargo, debido al hermetismo del régimen norcoreano, es difícil verificar de manera independiente estos reportes.
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